1. En cuanto a la operación realizada con el matrimonio A, existe una escritura pública notarial, una letra de cambio aceptada y un contrato privado que lo completa. Todo ello documentado fehacientemente. Lo cierto es que el acusado A recibió 34.000 euros y que lo hizo con un fin claro y predeterminado, aplicarlo al pago de deudas que mantenía el matrimonio A. Y ello era tan importante para los prestatarios que, en la oficina notarial, se paralizó la firma de la escritura hasta que se confeccionó un escrito en el cual se hacía constar que el acusado A retenía dicho importe.

Por un lado, se han acreditado una serie de pagos. Por otro, no hay ninguna evidencia de que diese dicho fin al resto de cantidades debidas. Cabe destacar que el acusado A declaró que «el dinero era de los clientes y podían hacer con él lo que quieran. Que el cliente si viene a la oficina y le reclama dinero en efectivo tiene obligación de entregarlo, está en su derecho».

Respecto de la posterior ejecución de la letra de cambio, también se encuentra acreditado documentalmente el trámite procesal instado y seguido. La participación en esa actuación del acusado C, en cuanto representante de la entidad tenedora de la letra que había obtenido por endoso (acto mediante el cual una persona transfiere a otra el poder realizar un determinado acto jurídico a su nombre o transferir la propiedad de un documento), también se desprende de lo actuado. Sin embargo, no existe acreditación suficiente de que esta persona tuviese conocimiento de treta, estafa o indebida apropiación alguna.

Parece claro que los intereses pactados eran absolutamente desproporcionados, incluso leoninos y las condiciones eran de muy difícil, casi imposible cumplimiento. Fueron aceptadas por una situación de angustiosa estrechez económica. Ahora bien, no hay prueba alguna de que el acusado C tomase parte en esa actuación previa ni de que su intervención posterior se efectuase con el ánimo de completar concertadamente la consumación del despojo patrimonial.

2. Las operaciones llevadas a cabo en la concertación de las pólizas de crédito del matrimonio C están acreditadas. En este caso, no existe corroboración de la documentación en la que haya intervenido la acusada A. Sin embargo, la declaración de la empleada de la misma, y la documentación de las operaciones de crédito asumidas por ésta, llevan a considerar acreditada también esta operación. En cuanto a la intervención del acusado A en la misma, no consta que el mismo desarrollase ninguna actividad concreta destinada a captar los fondos. Fue la conducta de la acusada A la que consiguió el desplazamiento patrimonial y quien puso en marcha el engaño. Al parecer la actuación del acusado A parece ceñirse al desarrollo de su actividad laboral de oficina para la empresa en la que trabajaba desempeñando una tarea directiva.

3. En cuanto a las operaciones llevadas a cabo con el matrimonio B y el matrimonio C, a la vista de la documentación aportada, de la publicidad de la oficina de la calle Pelayo, del entramado mercantil que habían organizado, era claro que unos y otros creían contratar con una mercantil o filial, en la que colaboraban la acusada A y el acusado B.

Los elevadísimos intereses pactados y la ausencia de actuación destinada a devolver las cantidades percibidas, entre otros, ponen de manifiesto el engaño perpetrado.

4. En cuanto a los hechos ocurridos en torno al matrimonio D, se extrae que existe una documentación que refleja los hechos denunciados. El matrimonio obtuvo ante notario un capital que posteriormente se prestó a la mercantil Y. Se ha discutido si se trató de una o dos entregas de dinero. El tribunal entiende que se acreditó una única operación de préstamo (doblemente documentada) por un importe de 140.000 euros. Puesto que:

• Carecería de sentido que, si se dispone de una cantidad como la que se refiere, dos importes consecutivos de 140.000 euros cada uno, un total de 280.000 euros, se solicitase un préstamo de 275.000 que se garantiza con una hipoteca sobre la vivienda titularidad de los propietarios. Es decir, poner en peligro el patrimonio familiar, cuando se podría haber satisfecho el préstamo hipotecario y levantado la carga, o si se quería invertir, cuando se podría haber solicitado el préstamo por una cantidad muy inferior, disminuyendo el riesgo inherente a esa operación y, sobre todo, garantizando que no se vería afectada la principal inversión (la adquisición de una vivienda).
• En las declaraciones del matrimonio D, no existe la más mínima corroboración de que dispusiesen de la cantidad que figura en el contrato de septiembre. Se han aportado únicamente sus versiones.
• No hay explicación de la razón por la que se habrían entregado dos cantidades idénticas en fechas tan cercanas y con exactamente las mismas circunstancias restantes (salvo un leve incremento del interés en el segundo contrato). Sobre este último preámbulo la parte acusada justificaba la duplicación documental por un problema con la asesoría hipotecaria del Banco, sobre el interés del préstamo que esta concedía al matrimonio. Hecho también reconocido por los querellantes.
• Según la acusada A, hubo una única operación de 140.000 euros, y «un solo contrato».

Tras todo lo anterior, cabe citar el principio «in dubio pro reo»: locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado.

En resumen, esta operación estuvo motivada por la búsqueda de capitales del acusado A, con el presunto objetivo de que la empresa sobreviviese.

Se sugiere que esta escena coincide con la típica de una estafa piramidal, en la que se van cumpliendo las condiciones mientras se prolonga el engaño, hasta que el fraude se pone de manifiesto cuando no sucede lo esperado. El acusado A era conocedor de que las cantidades captadas no se devolvían, así como que el objetivo principal de la empresa matriz para la que trabajaba no era la captación de inversiones procedentes de terceros. Finalmente huyó con su pareja abandonando la ciudad, oficina y llevándose el dinero (o parte del mismo) con el que vivieron los meses siguientes en diversos lugares alejados de España.

Por todo ello, se considera al acusado A cooperador en el delito de estafa, un cooperador necesario ya que su actuación es fundamental para que se hiciese efectiva la firma de los contratos fraudulentos. También considerado autor, conforme a los artículos 10, 27 y 28 del Código Penal.

Por otra parte, la paralización de la causa durante periodos cercanos a los cuatro años, conlleva a un atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6º del Código Penal.

El acusado B era titular del 50% de las acciones de la empresa Y, empresa situada originalmente en Madrid. Empresa que en los inicios tenía como administrador solidario al mismo acusado.

Le empresa Y había sido creada en Madrid bajo el lema «garantía para una mejor calidad de vida», cuya delegación se situaba en Santander. Al parecer la pareja de acusados A habían llevado a cabo una tarea absolutamente ajena a los fines y labores realizadas por la empresa matriz.

Según el acusado B, una vez los acusados A huyeron, obligó retirar toda la publicidad relativa a la empresa matriz de la oficina de Santander. Además, cuando ocurrieron los hechos, dicho acusado ya había cesado como administrador de la mercantil Y, por lo que no se le aplica la responsabilidad civil subsidiaria.

Analizado todo lo anterior, no se aprecia que existiese un engaño suficiente que determine el desplazamiento patrimonial. La documentación, el préstamo y condiciones fueron firmados ante notario, por lo que no se considera un negocio ilícito en sí mismo. Ni un pacto prohibido. Los querellantes firmaron la documentación y en aquel momento aceptaron las condiciones, sabían perfectamente lo que firmaban, por lo que no se aprecia engaño propio del delito de estafa.

La acusación únicamente alude en sus escritos a un delito de estafa, y la diferencia entre estafa y apropiación indebida impide que el tribunal juzgue en este sentido.

En la estafa, es imprescindible el requisito del engaño y consiste en desplazar el patrimonio. Mientras que en la apropiación indebida, el desplazamiento no tiene su origen en el engaño motor sino en el abuso de confianza depositada en el sujeto activo. Esto es, la intención lucrativa surge después de haber recibido en un primer momento el importe económico sin engaño a la otra parte.

Por este mismo motivo, no se puede considerar un delito la ejecución hipotecaria.

Por tanto, se dicta sentencia absolutoria por no encontrar fundada una responsabilidad penal. Al acusado A se le atribuyó una participación genérica en todos los hechos por su relación sentimental con la acusada y por su intervención en la empresa Y, pero ello no es suficiente para generar una responsabilidad criminal.

Algo similar ocurre en el caso del acusado B, su responsabilidad se anuda a un conocimiento difuso de la actividad que se desarrollaba en la empresa filial de Santander por parte de la pareja de acusados.