Nuestro representado se encontraba en una cárcel de Zaragoza y no le querían trasladar a pesar de que nosotros advertimos de que tenía un cáncer linfático. En dicha cárcel, a pesar de su malestar y de numerosas visitas a distintos médicos no especialistas sin un diagnóstico en firme, le trataron durante años con ibuprofeno, pero los bultos cada vez eran más grandes. Se pidió su traslado y la autorización de ser tratado en una clínica privada a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a la Audiencia Nacional, al Juez Central de Vigilancia Penitenciaria y al Juez de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza. A lo que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias contestó “que los internos podrán solicitar a su costa servicios médicos privados (…) salvo cuando razones de seguridad aconsejen limitar este derecho”.